El Gobierno nacional redujo el gasto público un 27,8% entre 2023 y 2025, frente al 10,6% de las provincias

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno de Javier Milei implementó desde diciembre de 2023 una política de reducción del gasto público orientada a eliminar el déficit fiscal y sostener resultados superavitarios. Entre 2023 y 2025, el ajuste del Estado nacional fue considerablemente mayor al registrado por el conjunto de las provincias, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) como en términos reales.

Así lo revela un informe de la Fundación Libertad, elaborado a partir del análisis de la ejecución presupuestaria, los resultados fiscales y la distribución del gasto público entre 2023 y 2025, que compara el desempeño de la administración nacional con el de las 24 jurisdicciones del país.

Según el relevamiento, el gasto primario del Gobierno nacional pasó de representar el 17,8% del PIB en 2023 al 13,3% en 2025, lo que implica una reducción de 4,5 puntos porcentuales.

En el conjunto de las provincias, la disminución fue menor: el gasto primario pasó del 16,7% al 15,4% del PIB, equivalente a una baja de 1,3 puntos porcentuales durante el mismo período.

La evolución de los ingresos mostró un comportamiento diferente. Mientras que los recursos nacionales retrocedieron apenas 0,3 puntos del PIB, al pasar del 14,5% al 14,2%, los ingresos provinciales disminuyeron 1,3 puntos, desde el 16,8% hasta el 15,5%.

Al considerar las variaciones ajustadas por inflación, las diferencias resultan más marcadas. Entre 2023 y 2025, el Gobierno nacional redujo su gasto primario un 27,8% en términos reales, mientras que el conjunto de las provincias registró una contracción del 10,6%.

En cuanto a los recursos, los ingresos nacionales cayeron un 5,5% real, frente a una disminución del 11,2% en las administraciones provinciales.

El informe destacó que estas diferencias reflejan las distintas condiciones fiscales que enfrentaron ambos niveles de gobierno durante el período analizado.

“En 2023, Nación registraba un déficit primario equivalente al 3% del PIB, mientras que las provincias se encontraban, en conjunto, prácticamente equilibradas”, señaló la Fundación Libertad.

A partir de ese escenario, el Gobierno nacional implementó un programa de reducción de erogaciones que permitió transformar el déficit primario en un superávit superior a un punto del PIB tanto en 2024 como en 2025.

Las provincias, en cambio, mantuvieron resultados cercanos al equilibrio, aunque debieron ajustar sus presupuestos frente a la disminución de los recursos disponibles.

De acuerdo con el estudio, parte de esa contracción respondió a la reducción de las transferencias discrecionales enviadas por la Nación, mientras que otra parte estuvo vinculada con la caída de los ingresos provenientes de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación tributaria propia.

El trabajo también examinó la relación entre el gasto primario provincial y el tamaño de cada economía, medido a través del Producto Bruto Geográfico (PBG), indicador que representa el valor de los bienes y servicios producidos dentro de una jurisdicción.

En esta comparación, Formosa presentó la mayor participación del gasto público en relación con su economía, con un nivel equivalente al 50% de su PBG.

Esto significa que el gasto primario provincial representó aproximadamente la mitad del valor de la producción económica de la jurisdicción.

En el resto de las provincias, esa proporción se ubicó en niveles inferiores, desde valores cercanos al 35% hasta el 9% registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sin embargo, la distribución cambia cuando se compara el gasto de cada jurisdicción con el PIB nacional.

Bajo este criterio, CABA registró la mayor incidencia, equivalente al 4,2% del PIB argentino, mientras que Formosa se ubicó en el extremo opuesto, con una participación del 0,32%.

Estas diferencias responden al tamaño relativo de las economías provinciales y permiten distinguir el peso del gasto público dentro de cada jurisdicción de su participación en la economía nacional.

Entre las 24 jurisdicciones, Neuquén fue la única que logró incrementar sus ingresos en términos reales entre 2023 y 2025, según los datos relevados por la Fundación Libertad.

La provincia gobernada por Rolando Figueroa registró un aumento de recursos de $1.134.140 millones a precios de 2025, equivalente al 2,22% de su Producto Bruto Geográfico de ese año.

En términos porcentuales, sus ingresos crecieron un 18,1% real, mientras que el gasto primario también se expandió, con una suba del 18,7%.

El informe vinculó este desempeño con la expansión de la actividad hidrocarburífera asociada a Vaca Muerta, que se reflejó en una mejora de los recursos provinciales.

En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, una de las jurisdicciones que registraron los ajustes fiscales más pronunciados durante el período.

La provincia experimentó una caída real del 24% en sus ingresos, acompañada por una reducción del 22% en el gasto primario.

Desde la Fundación Libertad señalaron que la elevada dependencia de las transferencias nacionales y la limitada capacidad para generar recursos propios restringieron el margen de respuesta fiscal de la provincia frente a la disminución de sus ingresos.

En la comparación general, el Estado nacional presentó la mayor reducción del gasto primario, con una caída real del 27,8%, aunque sus ingresos experimentaron una contracción menor que la registrada por la mayoría de las jurisdicciones.

El estudio concluyó que la sostenibilidad del nuevo esquema fiscal requiere analizar no solamente las cuentas del Gobierno nacional, sino también la situación de las administraciones provinciales.

En ese sentido, la Fundación Libertad sostuvo que las posibilidades de consolidación fiscal no son uniformes entre las provincias, debido a las diferencias en sus estructuras productivas, sus fuentes de financiamiento y las responsabilidades de gasto que asume cada nivel de gobierno.

“La sostenibilidad de la nueva configuración fiscal requerirá ampliar la mirada desde el resultado del sector público nacional hacia el conjunto de las administraciones públicas”, indicó el documento.

Asimismo, remarcó que el margen de ajuste de cada jurisdicción depende de la composición y rigidez de sus erogaciones, de las funciones que tiene asignadas y de su situación económica y fiscal particular.